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Eduardo R. Rovira, presidente Fundación Edad&Vida

10 años de la Ley de Dependencia: su financiación (20 de marzo 2017)

 

La aprobación en diciembre de 2006 por unanimidad de los partidos políticos de la Ley para la Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia (LAPAD), fue acogida con enorme satisfacción por la población española (Barómetro del CIS de mayo 2007), población que ya había manifestado que era su más importante necesidad (CIS noviembre 2004).

Aunque según la propia Ley el sistema debería haber estado en pleno funcionamiento en 2015, la implantación del grado I se retrasó como consecuencia de la crisis económica, pero hoy a los 10 años el sistema está ya implantado, aunque con importantes limitaciones. Se trata de una gran conquista social, que ha sido denominada el cuarto pilar del Estado de Bienestar.

Entonces nos preocupaba en primer lugar la arquitectura del sistema. La opinión casi unánime de los agentes sociales (CC.OO, UGT, CERMI, EDAD&VIDA, CEOMA, etc.) era encajar el nuevo Sistema dentro de la Seguridad Social, que habría dado solidez a los principios de igualdad y universalidad, de acuerdo con el art. 41 de la Constitución (régimen público de S.S. para situaciones de necesidad). Pero se escogió incluirla en el Sistema de los Servicios Sociales con una protección más débil y filosofía descentralizadora, que explica muchos de los problemas actuales (17 sistemas etc.)

Respaldábamos que la financiación del sistema, como dice el art. 32 de la Ley, fuera suficiente para garantizar el cumplimiento de las obligaciones de las administraciones públicas, pero que la sola determinación anual en los presupuestos generales no era suficiente, sin garantizar la posibilidad de créditos ampliables en caso de insuficiencia. A pesar de la irreprochable exposición de motivos que nos prometía financiación estable, suficiente y sostenida en el tiempo, hoy no es necesario insistir mucho en la insuficiencia de recursos y su inestabilidad en el tiempo.

La memoria económica de la Ley señalaba como objetivo pasar del 0,33% del PIB, que se dedicaba en aquel momento a la dependencia, al 1% del PIB en el año 2015. Nos llamó la atención la falta de ambición política de esa cifra –en años de bonanza-, cuando la comparábamos con la cifra media de la UE, que era entonces del 1,65%, pero la realidad ha sido más cicatera. El gasto global real del SAAD en 2015 ha sido de alrededor de 7.000 millones de euros cuando según el PIB de 2015 tenía que haber sido superior a 10.00 millones.

La crisis por los recortes pactados con la UE y aprobados en 2012, expresados en la reducción de un 13% del nivel mínimo, supresión del nivel acordado, ahorro en cotizaciones sociales de cuidadores no profesionales y la modificación del calendario de apoyo a dependientes moderados ha significado, según el Programa de Estabilidad, 1.473M de euros desde julio 2012 hasta 2014. Ello ha provocado fuertes tensiones en el sistema, especialmente en la cobertura de plazas del sector privado concertado que había invertido de acuerdo con las expectativas, además de comprimirse hasta límites sorprendentes las tarifas medias pagadas por la administración por plaza asistida y día, cuyas diferencias pueden llegar al 40% según comunidades, la subida del copago, la caída en el empleo, lo que sin duda ha repercutido en la calidad de la asistencia. La crisis se puede concretar en la caída media del gasto público anual por dependiente de 7.687€ en 2009 a 6.956€ en 2015.

La participación de la AGE en el gasto queda reducida al 18%, la contribución de los usuarios al 20% y las CC.AA. aportan el 62% del gasto. No obstante el Secretario de Estado, Mario Garcés, ha querido dejar claro estos días que el Estado está aportando otro 33% complementario. Lo que sucede es que cuando los fondos son transferidos no existe una afección directa, no son finalistas y se dedican a otros fines. También ha declarado que estos fondos del Estado serán finalistas en esta legislatura. El asunto es de tanta transcendencia que requiere un debate público serio.

En su momento señalábamos que la figura de los Convenios Bilaterales con las CC.AA. podría vulnerar los principios de universalidad e igualdad. Hoy nos ratificamos en aquella opinión.

El consenso es total en que hay que reforzar la financiación del sistema. No es necesario llegar al 3,5% de participación el PIB de Holanda o Suiza, pero a corto/medio plazo se debería aspirar como mínimo al 1,65% del PIB, que era la media de la UE en 2006. Aumentaría la calidad de los servicios y prestaciones, los salarios del sector podrían ser más dignos y las tarifas propias de un país del desarrollo económico de España.


20 de marzo de 2017

Eduardo Rodríguez Rovira, presidente de Fundación Edad&Vida

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